De noviembre a junio, el superordenador Mare Nostrum 4, del Barcelona Supercomputing Center (BSC), ha bajado veintidós puestos en el ranking global de su categoría de sistemas. Algo perfectamente normal, habida cuenta de que durante ese período se han incorporado a la lista 58 máquinas nuevas. Es sensato suponer que al sistema del BSC le está faltando una actualización, que es precisamente lo que se esperaba del concurso convocado por la entidad EuroHPC para suministrar un reemplazo que debería llamarse Mare Nostrum 5. Hasta que el último día de mayo saltó la sorpresa: fue cancelada la adjudicación, ante las insuperables discrepancias entre las partes involucradas.
Oficiosamente se ha sabido que la oferta del consorcio formado por IBM y Lenovo – con la ventaja de continuidad de los sistemas precedentes del BSC proponía un mayor rendimiento a mejor precio, pese a incumplir el requisito de aportar valor añadido europeo. Por su parte, la compañía francesa Atos cumplía con esta condición, por lo que el comité asesor de EuroHPC parecía inclinarse en su favor.
En el fondo del desacuerdo, explican las fuentes consultadas, hay un debate recurrente en torno al dilema de la política industrial de la Unión Europea. Para afianzar su presencia en la supercomputación, la UE tomó años atrás la iniciativa de promover EuroHPC JU (joint undertaking) e invitó a seis países no miembros.
La disyuntiva se puede simplificar en estos términos: comprar donde sea o desarrollar en Europa. En la primera tesitura, se fija como prioridad dotar al BSC de una tecnología avanzada de supercomputación para ponerla a disposición de los investigadores europeos. En la segunda se sostiene la necesidad de implicar a la industria europea para crear un ecosistema común en la supercomputación de alto rendimiento (HPC).
En ambas opciones, el objetivo final es el mismo: instalar en el BSC un superordenador cercano al cálculo de exaescala [1018 operaciones de coma flotante por segundo), que incluirá “al menos dos particiones para albergar tecnologías emergentes, como la aceleración cuántica”, según una presentación pública de Sergi Girona, director de operaciones del BSC.
Actualmente, sólo dos de los diez superordenadores más potentes del mundo están instalados en Europa. Por consiguiente, el objetivo final de EuroHPC no es otro que superar esa debilidad relativa del bloque frente a las potencias dominantes en supercomputación: Estados Unidos, China y Japón.
Cuando entre en servicio, el Mare Nostrum 5 será el más potente (y también el más caro) del grupo de tres proyectos pre-exascala promovidos por EuroHPC. Ya han sido adjudicados el sistema Lumi (en Finlandia) a Hewlett-Packard Enterprise y el Leonardo (Italia) a Atos. Esta última ha sido recurrida por Lenovo con un argumento que, llegado el caso, podría ser extensivo al Mare Nostrum 5: condicionar la adjudicación al criterio de ´valor añadido europeo` es ilegal porque rompe el principio de igualdad de tratamiento.
En este ambiente, Anders Dam Jensen, director ejecutivo de EuroHPC JU, informó por carta a las dos compañías de que el procedimiento había sido cancelado, sobre la base de que el proceso de licitación se hizo con especificaciones que ya no son suficientes para atender necesidades surgidas con la pandemia, “en particular la demanda de aplicaciones biomédicas y el desarrollo de nuevos fármacos”. La decisión oficial es deliberadamente escueta: “la votación entre los miembros elegibles no ha alcanzado la mayoría necesaria para un acuerdo”. ¿Borrón y cuenta nueva? ¿Se convocará un nuevo concurso con otras especificaciones? ¿Pujarán otras empresas que se abstuvieron en el anterior?
Una versión que circula con intensidad atribuye la cancelación a la actitud del gobierno español – personalizada en el ministro Pedro Duque – de rechazo a la recomendación del comité asesor, supuestamente proclive a la oferta de Atos. La clave estaría en que el país anfitrión del proyecto – a la sazón España – contribuye con el 50% de su coste, estimado en 223 millones de euros en cinco años.
Diga lo que diga el señor Jensen, la discusión tiene un inevitable ángulo político. Cuando se trata de definir la política europea de compras públicas, los comisarios Thierry Breton y Marghete Vestager comparten la posición de que los países europeos deben emular las prácticas de Estados Unidos y China de dar preferencia a sus empresas nacionales. A priori, la vulnerabilidad europea en la actual situación mundial de escasez de semiconductores debería apuntalar esa tesis, pero no es sencillo sostenerla en la arena europea vigorosa.
El problema es que Breton, quien hasta 2019 fue presidente de Atos, se ha recusado de participar en las decisiones que conciernan a su antigua empresa. Lo que no impide, así es el mundo, que la suspicacia haga aún más engorroso salir del enredo.