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  8/07/2021

Sopla viento antitrust en el imperio de Bezos

El espectro de la regulación nunca ha quitado el sueño a Jeff Bezos ni ha perturbado la marcha de su imperio amazónico. Al alejarse (sic) del día a día de la empresa que fundó hace 27 años, ha dejado en manos de su sucesor, Andy Jassy un negocio que ingresa 100.000 millones de dólares trimestrales. Pero también la tarea de contrarrestar el primer intento de castigar su exuberante dominio. Donald Trump – pese a tener a Bezos por enemigo personal, no se atrevió a tocar Amazon más allá de fanfarronadas verbales; Joe Biden sí: ha encontrado la persona idónea en Lina Khan, nueva presidenta de la Federal Trade Commission (FTC) en cuyo currículo destacan como principal mérito sus críticas a Amazon.

Lina Khan

En la designación de Khan, Jassy ha percibido el peligro de una batalla que Amazon podría perder y en cualquier caso será larga. En el turbulento ambiente de Washington, la candidata de Biden ha concitado el apoyo de legisladores de los dos partidos. Por tanto, uno de los primeros gestos del nuevo CEO ha sido instruir a los abogados de Amazon para que pidan la recusación de Kahn en cualquier asunto de la FTC relacionado con la empresa. Su argumento es sólido: Kahn es autora de un texto publicado hace cuatro años por la revista de la facultad de Derecho de Yale, con el título Amazon´s Antitrust Paradox. Por consiguiente, es pública y notoria su parcialidad en relación con Amazon.

Cuando se publicó, el artículo fue un fenómeno viral en Twitter, pero ocupa 24.000 palabras, demasiada letra para los tiempos que corren. Excepto para la izquierda del partido Demócrata, que hizo llegar el nombre de Kahn a la Casa Blanca. ¿De dónde ha salido esta joven abogada (1989) nacida en Londres de padres paquistaníes? En 2017, a sus 28 años, cuestionaba el doble papel de Amazon como vendedor y dueño de una plataforma de comercio electrónico universalmente conocida a cuyas condiciones ningún vendedor osaría negarse. Esta dualidad, venía a decir Khan, reporta a la compañía unas ventajas ante las cuales la legislación no contiene respuestas.

Estos días, se ha hecho mucho hincapié en que, entre las medidas posibles que Khan recomendaba en su paper, resaltaba la necesidad de ordenar la separación funcional de los negocios de Amazon – como es habitual en las compañías de servicios públicos – para evitar que se erijan barreras de entrada a los comerciantes interesados en valerse de la plataforma de aquella para la venta de sus productos. Este enfoque tropezó con la crítica de quienes lo etiquetaron como hipster antitrust [alusión a la nostalgia de los tiempos en los que la legislación antimonopolio se hacía respetar].

El objetivo inmediato de aquel texto era Amazon, pero en él subyacía una crítica a la obsolescencia de la legislación antitrus. “La economía de los mercados de plataforma – escribía Khan – incentiva la persecución del crecimiento incluso en desmedro del beneficio, una estrategia que tras ser validada por los inversores ha creado las condiciones para que políticas de precios de naturaleza depredadora sean acogidas como racionales, pese a que la doctrina en la materia las define como irracionales”.

Este revisionismo jurídico de Khan no habría salido del ámbito académico de no ser porque la izquierda del partido demócrata, particularmente la senadora Elizabeth Warren, lo adoptó como banderín de enganche ante la permisividad de la administración Trump. Desde entonces, ha servido de inspiración al movimiento que en Estados Unidos – y luego en la Unión Europea – presiona para poner coto a los presuntos abusos de Amazon. ¿Presuntos? A principios de año se revelaba que un equipo de empleados de Amazon tenía como misión exclusiva practicar “inteligencia de datos”:  recoger clandestinamente información acerca de las transacciones de los vendedores usuarios de su plataforma, con la finalidad de analizarla y en su caso lanzar productos equivalentes bajo marcas propias de Amazon.

El debate sigue abierto, pero las competencias de la FTC van mucho más allá del sector tecnológico, lo que significa que la conducta de Amazon es una parte menor – pero significativa – del trabajo que espera a la nueva presidenta de la comisión, incluso si se recusara. Con algo más de un millar de investigadores, abogados y economistas a sus órdenes y con un presupuesto generoso, la FTC tiene instrumentos legales para obligar a modificar los términos pactados en una adquisición.

Parece evidente que la combativa Lina Khan ha sido escogida por Joe Biden para contrarrestar la línea habitual de complacencia con las empresas. A modo de ilustración, se recuerda que el presidente Biden sabe de primera mano que Barack Obama se sentía muy próximo a los magnates de Internet [que no eran tan poderosos como llegarían a serlo]. Durante los últimos años, la FTC aprobó sin pestañear operaciones como la compra de Whole Foods por parte de Amazon, que le ha abierto la capacidad de competir con el comercio minorista de alimentos frescos.

Políticos y reguladores de distinto talante e ideología comparten su preocupación por la omnipotencia que han alcanzado las Big Tech y reconocen de que las doctrinas seculares sobre el monopolio son poco útiles en esta nueva era. De ahí la credibilidad de Lina Khan entre representantes y senadores que le doblan la edad.

En el seno de la FTC encontrará resistencias internas: no todos los comisionados demócratas comparten sus puntos de vista, pero dejan fluir la corriente. A lo que hay que sumar las opiniones externas, procedentes de la magistratura: en los últimos días, un juez federal desestimó un procedimiento contra Facebook por considerar que no convincentes los argumentos basados en su abrumador porcentaje en todos los parámetros usuales.

El desembarco de una reformista radical en la FTC no debería impedir que los observadores vean el bosque. En su célebre artículo de Yale Law Journal, ya advertía que “Amazon no es el problema, sino el estado de la ley, que Amazon sabe aprovechar con inteligencia”. En este punto, que parece ser el quid de la cuestión, la maquinaria legislativa se ha puesto en marcha desde distintos frentes.

Estrictamente, el cambio se venía gestando antes de la victoria de Biden. Desde 2019 y durante dieciséis meses, un subcomité antimonopolio de la Cámara de Representantes, para el que Khan trabajó como asesora, produjo un informe final de 450 páginas que es demoledor no sólo para Amazon sino también para Apple, Facebook y Google y se cierra con la recomendación de provocar la segregación de sus negocios más controvertidos. La base argumental ya estaba en el documento de 2017: “nuestras leyes deben actualizarse para garantizar que la economía siga siendo dinámica y abierta en la era digital”.

La prueba de la necesidad de modernización legislativa es la escasa lista de juicios antimonopolios que han perdido las empresas acusadas de infringir la ley. Quizá por esto mismo, en una demanda reciente que lleva la firma del fiscal general del Distrito de Columbia, Karl Racine, se recupera esa línea argumental: en vez de apoyarse en la ley antimonopolio para acusar a Amazon por el aumento artificial de los precios [perjudicando a los competidores] expone como víctimas a los consumidores. No es casual que Racine haya estado en la terna final de candidatos considerados por Biden para la FTC o bien la dirección antimonopolio del departamento de Justicia (puesto que aún está por cubrir).

Así las cosas, fruto de aquella exhaustiva investigación, han aflorado cinco propuestas legislativas para atar en corto a las llamadas Big Tech. La polémica se ha centrado en una de ellas, Ending Platform Monopolies Act, que retoma las ideas de Khan: separación estructural de los negocios de Amazon y otras compañías de plataforma.

A efectos prácticos, Amazon tendría que escindir su propio comercio de una web diferente a terceros. Google, por la misma regla, no podría usar YouTube como incentivo para conseguir mejores resultados en su buscador. En cierto modo, esta propuesta recuerda la ley Glass-Steagal de 1933, que separaba la banca comercial de la inversión: hoy derogada, ha dejado un rastro de restricciones a los negocios no financieros de los bancos.

Del mismo modo, otra iniciativa prohibiría que las plataformas den prioridad a sus propios productos y servicios frente a los de terceros que pagan por acceder a aquellas: la tienda de aplicaciones de Apple está en el punto de mira de la justicia. Los silos estancos en que se ha convertido Amazon podrían caer como fichas de dominó si saliera adelante la norma de interoperabilidad entre plataformas. En cuanto al espinoso asunto de las adquisiciones, otro borrador de proyecto – el cuarto – prohibiría la absorción de competidores reales o potenciales.

En suma, de las cinco iniciativas legislativas en ciernes, cuatro están centradas en las Big Tech – la quinta trata de las tarifas aplicable a las fusiones – y por tanto suponen un acelerón con respecto a lo que se venía haciendo. Las compañías de que se trata son las mismas que ocuparon durante dos años a los investigadores del Capitolio: su capitalización bursátil es de 600.000 millones o más, tienen más de 50 millones de usuarios activos (o 100.000 usuarios comerciales) mensuales. Se les supone capacidad para restringir el acceso de terceros  sus clientes.

Hay quien quiere ver en esto la señal de que los legisladores de Estados Unidos se mueven por fin al mismo ritmo que la tecnología. Con una salvedad: la aprobación de estos borradores y su puesta en marcha no se hace a golpe de clic. Al duelo legislativo entre demócratas y republicanos hay que añadir las presiones de las compañías tecnológicas y sus equipos de lobby.

La primer prueba de fuego será, probablemente, el examen de la compra de MGM por Amazon, que necesita el visto bueno de la FTC. Pase lo que pase con su recusación, la treintañera exhibe una insultante experiencia. En 2011, participó como becaria en una investigación sobre la industria editorial que fue su primer encontronazo con Amazon y compartió con el comisionado de la FTC Rohit Chopra un artículo en el que ya apuntaba maneras.


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