El nombre de Lu Wei no nos dice nada, pero la prensa lo identifica a veces como «el zar de Internet en China», título que probablemente le queda corto porque es el número dos del departamento de propaganda del Partido Comunista. De visita en Washington, declaró hace poco que las empresas extranjeras que quieran hacer negocios en su país, deberían preocuparse menos por ganar dinero que por «comportarse como amigos». La frase viene muy a cuento del desenlace hallado al largo contencioso entre Qualcomm y la NDRC, sigla en inglés de la comisión ´de desarrollo y reforma` que se ocupa de vigilar el cumplimiento de las leyes chinas contra las prácticas monopólicas, la corrupción y la evasión fiscal.
La querella se ha cerrado esta semana con una multa de 975 millones de dólares que Qualcomm ha pagado de inmediato, por haber abusado de su posición dominante en el mercado de procesadores y chipsets para smartphones. Al mismo tiempo, la empresa ha renunciado a recurrir la sanción. La cotización de Qualcomm subió un 4% al quedar liberada del problema que ha tenido en vilo a la compañía. ¿Aquí paz y después gloria? No lo creo. El «acuerdo» estipula cambios esenciales en la política de licencias de la empresa en un mercado que representa aproximadamente la mitad de sus ingresos, y puede crearle problemas en otros mercados.
Qualcomm cobraba a los fabricantes chinos royalties calculados en el 5% del precio mayorista de los móviles 3G y el 3,5% de los 4G fabricados en China. La NDRC objetaba este modo de cálculo, sosteniendo que sería más justo relacionar los royalties con el valor de las patentes involucradas. De haberse aplicado esta fórmula, justa o no, los conflictos hubieran sido constantes, por lo que la comisión prefirió no insistir. Por esta razón, el único triunfo del que pudo presumir Derek Aberle, presidente de la compañía, es que la tarifa seguirá intacta. El truco está en que se aplicará sobre el 65% del precio de los dispositivos concernidos, en lugar del 100% como ocurría hasta ahora, por lo que el coste bajará. Aunque China es el primer origen de los smartphones que se venden en el mundo – ya sea por marcas locales o por los contratos de facturación para marcas extranjeras – el riesgo potencial es que clientes de otros países pregunten por la diferencia de tratamiento: de hecho, el resultado es un doble rasero injustificable. Si a esto se añade que el precio mayorista medio de un smartphone ha bajado de 135 a 102 dólares el año pasado, Qualcomm hace bien en seguir buscando otras fuentes de ingresos.
Como parte de la solución, Qualcomm ha accedido a cambiar su práctica de exigir a sus clientes pactos de licencias cruzadas. Esto lo hacía para protegerse contra eventuales disputas, pero también para tener derecho a incorporar esa propiedad intelectual a los productos que vendía a terceros. Esa fórmula penalizaba a los fabricantes que poseen fuertes carteras de patentes, como Huawei o ZTE, y favorecía a otras, como Xiaomi, que carecen de tales activos. Según Aberle, este desequilibrio será corregido.
Las ramificaciones industriales del litigio son varias. Huawei, por ejemplo, ha optado por usar en algunos modelos de alta gama su procesador HiSilicon en lugar de la familia Snapdragon. Recientemente, trascendió la renuncia de Samsung a utilizar el Snapdragon 810 de Qualcomm en su Galaxy S6, que presentará dentro de un par de semanas.
La sanción económica contra Qualcomm equivale al doble del total de multas aplicadas por violación de la ley antimonopolio en 2014, año en el que las autoridades chinas exacerbaron su severo nacionalismo tecnológico. Otras compañías – Microsoft y Google son casos notorios pero no los únicos – han sufrido trabas y amenazas económicas. Un caso singular es el de Intel, que ante ese peligro optó por «inocularse» contra esas amenazas firmando un acuerdo para invertir 1.500 millones en un fabricante chino de chips Tsinghua.
De los problemas de Qualcomm con las autoridades chinas ha sacado tajada MediaTek, fabricante taiwanés que en los últimos tiempos se ha dedicado a seducir a los clientes de aquella. Pero la política oficial es muy clara: desarrollar una industria china de semiconductores; finalidad de una task force dotada de recursos para invertir en el sector e incluso comprar pequeñas empresas occidentales que tengan capacidad de diseño de procesadores especializados.