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  4/03/2016

4Mar

Aprendamos a relativizar. Reino Unido se ha propuesto la meta de ser la mayor economía digital entre las potencias del G7, pero a que se revise la estadìstica, sólo el 2% de los ciudadanos tiene acceso a la infraestructura más rápida y más flexible, la fibra. Un agudo contraste con el 60% en España [que ya no va al G7 ni como invitada]. Con o sin Brexit, la Comisión Europea, ha dictaminado que las telecomunicaciones de Reino Unido están menos avanzadas que un buen número de socios continentales.

Ofcom, el ente regulador de las telecomunicaciones en las islas, se propuso hacer un análisis exhaustivo de la situación, y su diagnóstico dice que el problema radica en BT, el antiguo incumbente, como responsable a través de su red Openreach de suministrar nueve de cada diez conexiones de banda ancha. Con la reciente adquisición de EE y la apuesta por la TV de pago y los derechos audiovisuales del fútbol, BT despierta protestas de sus competidores, entre los que el más pertinaz es Vodafone. O2, filial de Telefónica, ha adoptado por un perfil bajo por dos razones: tiempo atrás negoció su fusión con BT, y acabó firmando su venta a Three, procedimiento que Ofcom ha derivado a Bruselas.

Aparte de la cuestión de si debería haber tres o cuatro operadores, la posición de BT ha sido siempre controvertida desde la privatización a principios de los 80, y ahora lo es más aún: el regulador opina que no es preciso separar Openreach del negocio de BT como proveedor de servicio a los usuarios. Bastaría con forzarla a abrir su infraestructura para que los competidores instalen sus ´ductos` en la última milla. En resumen, se trataría de potenciar la competencia, en vez de multiplicar inversiones en red. Es un debate que en España tenemos resuelto – con matices, claro – pero que hoy es de rigurosa actualidad precisamente en el país de donde partió la ola liberalizadora en Europa.

Ofcom, a través de su energética directora ejecutiva, Sharon White, ha rechazado las opiniones de quienes defienden la separación obligatoria de Openreach de BT [que probablemente conduciría a la creación de una empresa pública, anatema para el neothatcheriano David Cameron]. En cambio, ha puesto en circulación una consulta sobre su propuesta: trazar una muralla interna para que la red tenga su propio presupuesto de inversión y su propia estrategia, además de sentar en el consejo a los rivales del operador dominante, pero sin fragmentar BT.

Esta sería la fórmula para que, en el plazo de diez años, según White, Reino Unido se convirtiera en una potencia de la economía digital, rango que sin duda merece, con o sin Brexit. Admite White en entrevistas a los medios que la receta ideal sería la separación orgánica de Openreach, pero «supondría una disrupción significativa y costes difíciles de asumir por BT y el conjunto de la industria». Gavin Patterson, CEO de BT, secunda esa posición: «pasar los próximos años en un ambiente de incertidumbre no sería la situación ideal para las inversiones que el país necesita». Acepta Patterson que Openreach adquiera autonomía y transparencia pero «bajo control del consejo de BT».

La polémica se calienta aún más porque Ofcom aún no ha concluído la revisión de los costes de Openreach. Sus hallazgos iniciales indican que las cuentas de 2013 y 2014 deberían rehacerse conforme a las nuevas reglas.

Vodafone – que tiene poca fibra propia, por lo que usa principalmente la red del incumbente para sus servicios de Internet – ha quedado en posición incómoda en su país de origen. Un esperado acuerdo con Liberty Global, dueña de Virgin Media, estaría ahora supeditado al desenlace de la polémica sobre BT. Entretanto, Vodafone denuncia que BT carga sistemáticamente costes propios en las cuentas de Openreach. Y, en relación con la consulta pública, la califica de «juego del escondite intelectual». Su alternativa es Ofcom ordene la separación completa de Openreach con todas sus consecuencias. Con seguridad, la discusión no quedará así.


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