Tanto en su lado operativo como en su economía, Facebook ha vivido de éxito en éxito. Sus preocupaciones le han llegado siempre por la política y la regulación, aunque sólo arañasen – de momento – la superficie de su negocio con un módico coste de imagen. Ahora es cuando viene lo peliagudo, con las demandas paralelas de la Federal Trade Commission (FTC) y de 46 estados federados: materializan algunos de los fantasmas que habían aflorado entre los epígonos de Mark Zuckerberg. El envite regulatorio contra las Big Tech se ha convertido en una cuestión de Estado. Y la exclusión de Donald Trump de la red social no bastará para que Zuckerberg gane amigos en la nueva administración Biden.
Años de tolerancia ante la desinformación, recrudecida durante la reciente campaña electoral, han culminado con el asalto al Capitolio, creando un ambiente de recriminaciones. Zuckerberg se declara acosada, mientras el resto de la industria de Internet se desmarca de su suerte. Chocan dos posturas incompatibles entre sí: algunos se preguntan si las críticas al joven magnate podrían ser el antecedente para instaurar la censura en las redes sociales, otros – la mayoría – entienden Facebook y Twitter han reaccionado a destiempo pese a saber con quién se jugaban la reputación.
Con esta atmósfera enrarecida tendrá que afrontar las demandas en su contra. Las dos son similares en el fondo, centradas en las prácticas monopolistas, pero su tratamiento es distinto. La FTC acusa a la compañía de machacar ilegalmente a sus competidores engullendo rivales emergentes para asegurarse una posición dominante. Llevada al terreno práctico, pide que se deshagan las adquisiciones de WhatsApp e Instagram (que en su día fueron aprobadas por la FTC). La otra embestida la protagonizan 46 fiscales generales – dos menos que en la demanda contra Google – para pedir esencialmente lo mismo, que los tribunales intervengan para forzar su venta o separación.
Ya son dos los gigantes tecnológicos empantanados en juicios antimonopolio que necesariamente serán largos. Amazon y Apple tienen motivos para pensar que será los próximos, pero esto va a depender de nuevos equilibrios que aún tendrán que cobrar forma con la nueva administración, ya que el mandato de Biden se inaugura precisamente a partir de ayer.
Las similitudes entre los juicios contra Google y Facebook se acaban a poco de empezar la lectura de los argumentos. El primero tiene fundamentos económicos y el de Facebook reúne ramificaciones políticas y sociológicas. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, que lidera la demanda de los 46 estados, afirma que Facebook ha empleado la estratagema de ´buy or bury` para aplastar cualquier asomo de competencia. En consecuencia, ha recortado la libertad de elección de los usuarios, frenado la innovación y erosionado la intimidad de millones de estadounidenses.
En la demanda llevada ante la justicia por el FTC se afirma que al tratarse de un actor dominante en un mercado específico, el bloqueo de la competencia tiene un impacto en el servicio que proporciona: hace que desaparezca la privacidad de los usuarios. Aparece aquí una diferencia con el enfoque antitrust convencional, inspirado en una premisa anacrónica: la economía de mercado – se supone – produce un resultado máximo a un precio mínimo, de lo que se deduce que las subidas abusivas de precios son un atributo del monopolio.
Facebook se siente lejos de sospecha en la medida que sus servicios son gratuitos para el usuario y los precios de la publicidad se ajustan mediante subasta. Esto significa que el perjuicio que crea su condición monopólica no se manifiesta en el nivel de precio sino en la calidad del servicio, que los fiscales asocian con el valor de la intimidad.
Las dos demandas confluyen en un punto clave: Facebook hace valer el botín que es la enorme cantidad de datos que recoge, para atraer a los desarrolladores a su plataforma y hacer que se plieguen a sus condiciones. La FTC, en concreto, apunta que Facebook al principio animaba a terceros a crear juegos y aplicaciones de distinto tipo usando sus API. Esta fórmula dio a la red social un enorme poder sobre la trayectoria de las aplicaciones, la toma de decisiones corporativas y las estrategias de inversión de los participantes en la plataforma.
En ciertos momentos, señala la demanda de los fiscales generales, Facebook limitó o cortó el acceso a sus herramientas de los desarrolladores cuando estos empezaron a exportar datos de sus usuarios. Para justificar la nueva actitud, procedió a cambiar sus políticas de uso, condicionando el acceso a sus API a que los desarrolladores no pisaran ningún terreno en el que compitieran con los intereses de la compañía, ni implementar funcionalidades sobre la plataforma ni conectar con otros servicios que consideraran valiosos para la promoción de sus productos.
Facebook ha respondido a estas acusaciones con un post de sus servicios jurídicos, en el que recuerda que los hechos que se le reprochan fueron aprobados en su día por la comisión. En cuanto a su relación con los desarrolladores, cita la privacidad como el motivo por el que se limitó el acceso de terceros a las API.
Con motivo del décimo aniversario de Instagram se publicaron estadísticas banales – como el número de emojis enviados diariamente – pero se omitieran otras como el número de usuarios. Es significativo de la táctica con la que piensa afrontar las acusaciones: eliminar todo rastro que ayude a distinguir las plataformas adquiridas como entidades separadas y, al mismo tiempo, evitar facilitar informaciones sobre su aportación a la marca principal.
El hecho de que la FTC no bloqueara las compras de Instagram y WhatsApp y ahora las cuestione, pone de manifiesto una nueva perspectiva. Pero el fundador de la compañía, Mark Zuckerberg, ha dejado que su mano derecha, Sheryl Sandberg, que, como COO de la compañía, se ocupe de desafiar en público a los críticos. Lo que son las cosas: sobre Sandberg, conocida clintoniana, han llovido improperios acusándola de complicidad con la banda de revoltosos de Trump.
Como podía esperarse, Facebook se ha pertrechado de un cuerpo legal de élite para llevar estos juicios. Se hace asesorar por Howard Shelanski, que ocupó altos cargos en tiempos de Barack Obama y está considerado como un líder de opinión en los mercados digitales. Precisamente, Shelanski trabajaba como economista en la FTC cuando esta autorizó la compra de Instagram en 2012.
El año pasado Facebook había destinado, hasta septiembre, 32 millones de dólares a gastos de lobby con el gobierno federal, cifra que a nadie extrañaría que duplicara en 2021. Simultáneamente, financia una campaña, American Edge, que dice contrarrestar el acoso que sufre la industria de Internet. Internamente, se ha reorganizado para cohesionar las filas de la compañía en torno a cuestiones controvertidas y aplica un programa de formación obligatorio en asuntos de libre competencia.
Otra borrasca prospera al otro lado el Atlántico. La Comisión Europea tiene preparadas dos propuestas que no gustarán a las Big Tech. Una, sobre mercados digitales, crearía una figura jurídica bautizada como “guardianes de acceso”: las plataformas con dominio de mercado estarán obligadas a que sus sistemas sean abiertos e interoperables, sus algoritmos podrían ser auditados y se les impondrían sanciones por comportamientos como negar a terceros el uso de sus recursos. Otra directiva, sobre servicios digitales, profundizará en la responsabilidad: pretende clarificar el papel de las compañías de Internet a la hora de eliminar contenidos ilegales o la promoción y venta de productos falsificados, así como establecer reglas de transparencia en la publicidad. Aun no han sido consensuadas por los estados miembros ni mucho menos aprobadas por el parlamento, lo que significa que tardarán en entrar en vigor.
Por lenta que pueda parecer, la reacción europea puede ser un indicador de la obsolescencia de la legislación actual para disciplinar los mercados digitales. Mientras en Estados Unidos se debate la renovación de leyes que fueron concebidas para poner en vereda a los millonarios del petróleo, el acero y los ferrocarriles, en Europa la discusión ofrece otras novedades. Por ejemplo, el régimen aplicable a las fusiones no horizontales o el rechazo unilateral a las relaciones comerciales.
Es imposible predecir el curso de Facebook en estas aguas revueltas, pero le esperan varios años de batalla legal en los que se puede inferir que sus líderes estarán menos atentos al desarrollo del negocio que a responder a lo que consideran ataques injustificados. Como ejemplo, se recuerda que Microsoft culpa a sus enredos judiciales por no haber entrado a tiempo en el negocio de los smartphones. Aunque no se acepte la tesis, es notorio que tanto Facebook como Google se han inhibido de hacer compras importantes, actitud que va contra la corriente: sólo en el tercer trimestre, las compras de empresas tecnológicas en Estados Unidos sumaron 139.000 millones de dólares, la cifra trimestral más alta en cinco años.
[informe Pablo G. Bejerano]