La política exterior de Donald Trump será todo lo errática y voluntarista que se quiera, pero una de sus líneas maestras es invariable: la obsesión por el debilitamiento de Estados Unidos ante el poder económico y tecnológico chino. La severidad de la sanción contra ZTE, sumada a otras contra Huawei, forman parte del engranaje de una guerra comercial en ciernes. No es una multa, no bloquea la entrada de productos chinos, sino que toma como rehenes a empresas estadounidenses al prohibirles vender componentes a ZTE ¡durante siete años! El reloj está en marcha: ayer llegó a Pekín una misión encabezada por el secretario de Comercio, Steven Mnuchin, con aparentes instrucciones de negociar.
Xi Jinping y Donald Trump
George Notter, analista de Jefferies, se atreve a sugerir que del viaje podría surgir un alivio «decente» de esta sanción que no sólo es inusual sino que podría acabar en gol en propia puerta: Qualcomm, Oclaro, Acacia, Lumentum, Finisar y otras muchas compañías suministran a ZTE componentes para sus dispositivos y sus equipos de red. Con algo de tiempo – y apoyo gubernamental – la empresa sancionada podría encontrar fuentes alternativas. Pero una consecuencia previsible será la aceleración de inversiones para desarrollar capacidades internas que, llegado el momento, pasarían a competir con quienes han sido sus suministradores. Guste o no, así funciona la era de la globalización.
El South China Morning Post considera que sería un buen caso de estudio sobre cómo gestionar una crisis insólita: de cómo responda ZTE a la ruptura de su cadena de suministros, dependerá que sobreviva como protagonista de una industria vital para China y en la que Estados Unidos no tiene actores de fuste. La conclusión del histórico matutino de HongKong es categórica: incluso si Trump aflojase la mano, el episodio será un catalizador para que China acelere su objetivo de reducir su dependencia tecnológica, especialmente en la industria de semiconductores.
Durante años, las autoridades estadounidenses se habían cebado con Huawei. En 2012, el comité de Inteligencia del Congreso recomendó a los operadores de telefonía no usar en sus redes equipos de este fabricante, sospechando – sin pruebas – que podrían crear riesgos a la seguridad nacional. Verizon, AT&T, T-Mobile y Sprint tragaron. La réplica de Huawei ha sido consistente: «en 30 años, ni un solo operador en todo el mundo ha tenido queja de nuestros equipos en materia de seguridad».
La polémica se centraba en Huawei por su sistema de propiedad, en el que los accionistas son sus empleados y su no menos peculiar gobernanza [la figura del fundador se ha difuminado tras una presidencia ´rotatoria`]. Con ZTE no se podía esgrimir el argumento: un ente estatal controla el 30% de la compañía, pero esta cotiza en las bolsas de Shenzhen y Hong Kong. Una transparencia que le ha permitido gozar de un trato más blando que el propinado a Huawei. Mientras los smartphones de esta no han sido homologados por ningún operador, ZTE es la cuarta marca del mercado estadounidense, en el que vendió 19 millones de unidades en 2017, una meritoria cuota del 11,2%. En prenda de esa preferencia, ha patrocinado varios equipos de la NBA.
Huawei, que en diez años ha multiplicado su facturación más de 10 veces, encabeza el ranking de suministradores de equipos de redes de comunicaciones, con un 27% del mercado mundial, tras haber desplazado a Nokia (17%) y Ericsson (13%), según cifras de la consultora Dell´Oro. ZTE ocupa el cuarto puesto con un 10%. Pero, si se considera sólo Estados Unidos, Ericsson y Nokia suman el 96%, según la misma fuente.
El tamaño de ZTE, también basada en Shenzhen, es menos de una quinta parte del que tiene su vecina. En el mismo período, ha multiplicado por cuatro su facturación, que no está nada mal. Con la particularidad, ya citada, de que sus smartphones sí se venden en Estados Unidos.
El conflicto ya había arraigado cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca. Entre otros altos cargos, designó asesor personal en comercio exterior a Peter Navarro, bien conocido por su beligerancia frente a China. A Navarro se le atribuye el giro impreso a la política de la nueva administración, que se fija como meta recortar una tercera parte de los 350.000 millones de dólares de déficit comercial con China, algo que ningún economista serio considera plausible aunque sin duda un cambio cualitativo sería deseable.
Obama veía las cosas de otro modo. El embargo a Irán y Corea del Norte ha sido un regalo precioso para el bando antichino. Usando una expresión socorrida, se podría decir que ZTE se ha pegado un tiro en el pie: en 2017 firmó con el departamento de Comercio de Estados Unidos un documento en el que reconocía haber vendido equipos de comunicaciones a Irán entre 2010 y 2016 usando para ello empresas instrumentales. La compañía no ha negado los hechos y hasta se cargó al director de compliance, supuesto culpable de la infracción. El castigo ha caído un año después, en circunstancias políticas bien distintas. No es caprichoso conectar esta sanción con la aspiración de forzar un acuerdo de reciprocidad sobre patentes tecnológicas, al que China ha sido reticente.
La reacción oficial china ha sido sutil, sin entrar al trapo. El mes pasado, Xi Jinping prometió en público que el estado apoyará a los sectores afectados por cualquier batalla comercial con Estados Unidos. Al mismo tiempo, incitó a redoblar esfuerzos para alcanzar el liderazgo en campos donde su industria flaquea. Significativamente, preconizó que las empresas chinas colaboren con las fuerzas armadas en el desarrollo de tecnologías avanzadas.
¿Qué consecuencias tendrá el veto trumpiano sobre el futuro de ZTE? Un informe de UBS citado por The Economist estima que un 80% de sus productos integran componentes cuyo proveedor estadounidense los ha fabricados en Estados Unidos o en otros países, incluso en China. En teoría, todos podrían verse afectados. En algún caso, como el de Acacia, especialista en componentes ópticos, la dependencia es recíproca: un 30% de sus ingresos proceden de ventas a ZTE. Si una medida similar se aplicara a Huawei – desde luego, no falta quien lo proponga – el efecto sería devastador para Neophotonics y Lumentum, cuyas facturaciones tienen como contraparte a una u otra compañía china.
Algunos comentaristas contemplan la posibilidad de represalias. La primera se está viendo: Pekin tiene en sus manos la posibilidad de autorizar o no la compra de NXP por Qualcomm y, de hecho, está demorando aposta ese trámite. Podrían ser más radicales: en China se fabrica la mayor parte de los smartphones que se venden en Estados Unidos, entre ellas la única marca norteamericana del mercado mundial, Apple. Por otro lado, Estados Unidos controla piezas críticas de propiedad intelectual, el sistema operativo Android – no está claro que la prohibición le toque, ya que Google cede su kernel gratuitamente – y los chips que se necesitan en los servidores y estaciones base.
Incluso Huawei, pese a haber desarrollado su propio chipset y una extensa cartera de patentes, se vería en dificultades, escribe el analista Andrew Lu, de Sinolink Securities. Más del 40% del capex de Huawei y ZTE va a parar a manos estadounidenses. Ejemplo al canto: los equipos necesarios para la fabricación de semiconductores son un cuasi monopolio de Applied Materials y otras compañías estadounidenses.
Aparte de la ideología, escipiente de estas medidas, subyace una ansiedad que parte de los analistas de Estados Unidos comparten por el impacto del programa Made in China 2025, estandarte de Xi Jinping, ahora presidente sin fecha de caducidad. Mientras las compañías norteamericanas dedican una parte creciente de recursos a remunerar suculentamente a los accionistas (y a los directivos) para así sostener la cotización de sus acciones, los competidores chinos dedican una proporción superior – y el apoyo explícito o implícito del estado – a I+D.
Esto no va de móviles, que quede claro. De seguir así las cosas, China – no Estados Unidos ni mucho menos Europa – marcará la agenda de 5G y el desarrollo de la inteligencia artificial. Entre otras cosas.