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  12/06/2018

12Jun

El pasado viernes, ante la junta de accionistas de Telefónica, José María Álvarez Pallete reafirmó una queja que le hemos escuchado en el pasado y que, por cierto, comparte con sus colegas: la regulación asimétrica está drenando el crecimiento del sector y es una de las causas que motivan la actitud recelosa de los inversores, precisamente cuando más hace falta su confianza. No será la última vez que tenga razones para expresar la misma queja. Dos días antes, el Parlamento Europeo había aprobado la versión final del Código de las Comunicaciones Electrónicas (EECC es su sigla en inglés), fruto de un proceso sobre 35 CEOs de operadores e industria proveedora – entre ellos Pallete – advirtieron en abril “no apreciamos signos de que [el futuro código] favorezca el cumplimiento de las ambiciones originales ni facilite el clima para las inversiones necesarias”.

La propuesta inicial de la Comisión, en septiembre de 2016, condensaba las buenas intenciones propias de la llamada Agenda Digital Europea 2020. Un año y medio después, el código está aprobado con enmiendas pactadas por el Consejo y el Parlamento, un resultado que no satisface a nadie. Los parlamentarios europeos impusieron un elemento ajeno al objetivo inicial: fijar un precio tope en las llamadas y mensajes intereuropeos: 19 centavos de euro por minuto y 6 centavos por SMS, en ambos casos como máximo. A su vez, el Consejo relativiza esa medida: los reguladores nacionales podrían eximir a los operadores de esos límites si estos demostraran que causa perjuicio a su negocio.

Los análisis de diversas fuentes demuestran que en la mayoría de países de la EU los precios reales de mercado son inferiores, pero esto pareció importar poco a la ponente checa que exaltó la enmienda como una conquista de los ciudadanos europeos. ¿Alguien cree en serio que a los usuarios de Skype, WhatsApp o Messenger les importará realmente?

Según ETNO, entidad que representa a los operadores con redes móviles propias, “no es más que una cortina de humo para disimular las carencias del código aprobado […]”. Lo sustancial es si el EECC, que deberá trasponerse a las legislaciones nacionales en el plazo de dos años, servirá para estimular las inversiones en 5G y fibra que se necesitarán para cumplir con los objetivos definidos retóricamente. En opinión de ETNO, sólo añade complejidad a la regulación preexistente. El único avance, limitado, que observa el organismo es la política relativa al espectro: el plazo de las licencias 5G será de 20 años, en lugar de los 25 que proponía el sector y esperaban los inversores dispuestos a financiar los despliegues de infraestructura.

GSMA, acaso el órgano más representativo e imparcial de la industria, ha declarado que el acuerdo final sobre el código es decepcionante al no aportar una reforma regulatoria que favorezca las inversiones. Reconoce la introducción de ciertos retoques constructivos, pero quedan intactos los problemas esenciales. En particular, la GSMA critica la renuncia a avanzar en el principio ´a un mismo servicio, mismas reglas`.

La principal novedad del EECC es más bien retórica: acepta la importancia de la coinversión y el riesgo compartido entre operadores en el despliegue de redes de alta capacidad. Pero no va más allá de atribuir al BEREC – matriz de los reguladores nacionales europeos – la misión de supervisar las medidas que hagan posible la coinversión. Entre todos los actores del mercado, el único en reaccionar positivamente ha sido el FFTH Council Europe: por esta vía podrían surgir operadores “sólo mayoristas” respaldados por nuevos modelos de inversión. Por su lado, ECTA, representante de las telecos sin red propia y némesis de ETNO, sigue opinando que la coinversión es un subterfugio gracias al cual los grandes operadores reforzarán su poder de mercado.

De todo lo anterior, creo entender que en el fondo no habría tantos desacuerdos si la famosa Agenda Digital tuviera visos de cumplirse. Pero, en extraña coincidencia con la aprobación del EECC, se ha conocido un informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el progreso de los objetivos de la Agenda. A saber: la cobertura del 100% de los hogares con accesos de 30 Mbps en 2020 está muy verde; en cuanto a la puesta en servicio de 100 Mbps, que ese año debería ser del 50%, a finales de 2017 estaba en una media del 15,4% [España, unas décimas por encima, según el informe].

Tales eran los objetivos que trazados en 2016, cuando empezó a elaborarse el nuevo código. Pues parece que entretanto a la CE le ha crecido la ambición: su plan, bautizado con el pomposo nombre de Gigabit Society, aspira a que todos los hogares europeos puedan disfrutar de velocidades de descarga a velocidades mínimas de 100 Mbps en 2025; en el caso de las empresas y el sector público, se pretende que sea de 1 Gbps. La crítica cae por su peso: no tiene sentido elevar el listón cuando no se ha saltado el anterior.

La clave está, desde luego, en el nivel de inversión y en cómo se financia. Nuevamente, ETNO tiene posición tomada: en 2016, la inversión agregada de los operadores miembros de la asociación en activos tangibles fue de 47.200 millones de euros. En Estados Unidos, el mismo año, 62.800 millones. Lo más llamativo del cálculo es que arroja una inversión per capita de 85 euros en Europa que es menos de la mitad de los 193,3 euros de los operadores estadounidenses. La consecuencia ya se está notando en la diferencia de ritmo en los respectivos planes de despliegue de 5G.

Naturalmente, la carga principal de la inversión va a recaer en los operadores. Estos consideran que el nuevo código no ayuda a despertar confianza en quienes deberían financiarla. Pero también en esto se nota el cambalache de Bruselas: Consejo y Parlamento han convenido en que la regulación podría rebajar su rigor si los operadores se pusieran de acuerdo para invertir en nuevas redes de muy alta capacidad. ¿En qué tejado está la pelota?


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