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  17/06/2014

17Jun

Es un lugar común que en las recientes elecciones europeas los ciudadanos han optado por ajustar cuentas políticas nacionales, sin prestar mayor atención a los proyectos (o carencia de) sobre qué hacer con Europa. Una pena, pero así ha sido. Un parlamento extremadamente fragmentado, sin mayoría y cacofónico, será más propicio a la demagogia y la inacción, cuando sobran los asuntos pendientes. Sin ir más lejos, y sin pretender que sean los más urgentes, los que afectan a la regulación de las telecomunicaciones

La Comisión Europea, ahora en funciones, dejará en herencia un proyecto legislativo pomposamente denominado ´Connected Continent: Building a Telecoms Market´. El juicio que el paquete merece a James Allen, de la consultora Analysys Mason, es tan rotundo que no necesita traducción: “Good politics, bad economics“. Según el analista, “los precios bajos son siempre populares a corto plazo, pero cuando son ineficientes provocan un repliegue de la inversión, y a largo plazo acaban siendo malos para los consumidores”. Un punto de vista que no es precisamente nuevo, pero que vuelve a expresarse en un contexto de incertidumbre.

James Allen es también autor de un estudio elaborado por Analysys Mason que recoge un aspecto regulatorio de notorio interés para su patrocinador, Vodafone: las condiciones de acceso de los operadores móviles a la infraestructura de fibra de retorno (backhaul). La opinión de Allen no es menos contundente que la cita anterior: “en el plazo de tres a cinco años, los consumidores europeos se verán severamente afectados por el deterioro de la competencia en el mercado móvil, a menos que los operadores competitivos puedan acceder, a precios razonables, a la infraestructura de los dominantes”.

No se trata aquí del despliegue de fibra para prestar servicio al usuario final, en la que Vodafone ha dado un salto competitivo tras la adquisición de Ono, sino de algo distinto. Todo operador móvil necesita conectar sus estaciones base con la electrónica de su red core, y para ello tiene – o debería tener – tres opciones: desplegar sus propios enlaces de microondas, alquilar infraestructura ajena si estuviera disponible, o usar en régimen mayorista regulado la del operador ´incumbente`. En lo que se refiere a los enlaces de fibra, “no siempre están disponibles en las condiciones deseables de interfaces, calidad, velocidad y/o precio”, explica Allen, antes de añadir que “la necesidad se agudiza con el crecimiento de tráfico 4G/LTE, en línea con la demanda de los consumidores que reclaman servicios de alta velocidad, que a su vez presionan sobre la estabilidad de las infraestructuras”.

Obviamente, el punto de vista de Allen es compartido por Vodafone. El acceso a la fibra de los ´incumbentes` es una de las cuestiones de calado que se espera resuelva la próxima Comisión Europea, respondió el CEO del grupo Vodafone, Vittorio Colao, en reciente visita a Madrid: hacer realidad una auténtica Europa Digital exige anticiparse a eventuales cuellos de botella en la infraestructura y prevenir distorsiones en la competencia, vino a decir.

¿Qué ocurre en la práctica? En la lista de mercados relevantes que la CE ha sometido a consulta previa a ser incluídos en las recomendaciones de las que tendría que surgir una regulación ex ante, no aparece el acceso mayorista a la banda ancha. El analista Allen escribe que “la situación se exacerba por el hecho de que la tecnología de microondas que usan muchos operadores móviles para el transporte de su tráfico requiere actualizaciones regulares y el acceso a espectro adicional en las bandas existentes o nuevas para responder a la demanda. Por otro lado, duplicar los ductos fijos y la infraestructura de fibra sería económicamente inviable e ineficiente”. Dudo mucho que alguien en Bruselas esté pensado ahora mismo en esta cuestión.


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