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  26/11/2020

26 de noviembre, 2020

Hubo un momento, a finales de enero, en el que Boris Johnson amagó con ponerse de perfil ante las presiones que recibía desde Washington y creyó posible dejar en manos de los operadores británicos la decisión final acerca de sus despliegue de redes 5G. Las advertencias de estos sobre los costes que tendría para el país sumarse al boicot promovido por Donald Trump parecían haber surtido efecto. Grave error de diagnóstico: diez meses después, Johnson ha enviado a los Comunes un proyecto de ley cuyo objetivo explícito es expulsar a Huawei del Reino Unido, un viraje intervencionista que revisa la decisión anterior de limitar la presencia del fabricante chino a una tercera parte del mercado.

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Al presentar el proyecto de Telecommunications (Security) Bill, se lo ha descrito como “uno de los regímenes de seguridad más restrictivos del mundo” y como “un paso adelante para que los estándares en esta materia [es decir, la seguridad de las redes] no los defina la industria sino el gobierno” No se explica qué ha cambiado para que ahora se considere necesario pasar de las restricciones previa evaluación de riegos a una prohibición tajante. Que se sepa, el NCSC (National Cyber Security Center) dependiente de los servicios de inteligencia, no ha corregido su dictamen según el cual no había hallado evidencias de riesgo en los equipos suministrados por Huawei.

La dimensión ejemplarizante de la decisión queda de manifiesto en estas palabras del secretario de estado a cargo de asuntos digitales, Oliver Dowden: “para la fecha de las próximas elecciones [nota: como máximo en mayo de 2024] deberá estar implementada con fuerza de ley la remoción completa e irreversible de todo equipo de Huawei instalado en las redes de telecomunicaciones de Reino Unido”.

El gobierno se reserva la potestad de decretar más prohibiciones y de escoger otros vendedores para la cadena de suministro que no supongan riesgos para la seguridad nacional. La palabra ´irreversible` hay que entenderla literalmente: un gobierno futuro difícilmente se atrevería a dar marcha atrás en la decisión puesto que ningún operador consentiría en afrontar los costes de volver a la situación de 2019.

Identificada de entrada Huawei como la madre del cordero, sólo quedaba dar forma argumental a la decisión. Según el Financial Times, el gobierno está convencido de que estas infraestructuras vitales serían vulnerables ante ataques y espionaje hostil si las inversiones de los operadores estuvieran dictadas por consideraciones de coste y sus estrategias comerciales. El periódico de la City explica que las penalizaciones que podrían pesar sobre BT, Vodafone, O2 y Three de no cumplir las obligaciones de esta ley podrían llegar al 10% de sus ingresos, con un límite de 100.000 libras por día hasta que las cumplan.

Sorprende tanta severidad cuando en enero Johnson fijaba una cuota del 35% para Huawei. Es cierto que en julio recapacitó: prohibió a los operadores equipar sus nuevas redes 5G con equipos adquiridos a Huawei, dándoles de plazo el 31 de diciembre para resolver los compromisos que hubiera adquirido. Ahora se trata de algo distinto: la nueva norma estipula que en 2027 deberá comprobarse fehacientemente la sustitución de todo elemento de red suministrado por Huawei para las anteriores generaciones tecnológicas. Son, para el gobierno conservador, sospechosos de contener piezas de hardware o software malicioso que nadie ha encontrado. Por cierto, no consta que el partido laboristas piense diferente.

Como era previsible, Huawei ha calificado como “políticamente motivado”, que no tiene relación verdadera con la seguridad sino con el conflicto comercial con China. Victor Zhang, vicepresidente de Huawei [el mismo que el 28/1 celebró la concesión de Johnson], ha dicho que el proyecto de ley dará como efecto un retraso de hasta tres años en el despliegue de 5G en Reino Unido y, en consecuencia, agravará el desequilibrio existente entre las infraestructuras que disfruta el sudeste rico y la carencia característica de las Midlands y el norte del país.  Un par de estudios patrocinados por la compañía han estimado el perjuicio para le economía británica en 18.200 millones de libras.

Cambiando de continente, es una llamativa coincidencia que este proyecto de ley se haya presentado en Londres la misma semana en que avanza en Washington una proposición denominada Utilizing Strategy Allied Telecommunications Act, que se propone “restaurar el liderazgo de Estados Unidos y Occidente alentando la competición con Huawei para capitalizar nuestras ventajas y acelerar el desarrollo de una arquitectura abierta que facilite la entrada al mercado de suministradores alternativos de componentes específicos en lugar de verse en la necesidad de competir con Huawei de extremo a extremo”.

Todo eso al módico precio de 750 millones de dólares, que el proyecto propone destinar a subvencionar “los desarrollos en torno a Open RAN que incluyan elementos de seguridad y garanticen la integridad del equipamiento de redes abiertas”.

Desde luego, lo relevante de este proyecto no está en la cuantía de la subvención a Open RAN, sino en su capacidad de atraer apoyo bipartidista para una iniciativa dirigida contra Huawei. Es de sobra conocida la hostilidad de los legisladores republicanos hacia la compañía china, pero no que se les hayan sumado exponentes destacados del partido demócrata, como el senador Mark Warner, del comité de Inteligencia de la cámara alta.

Warner (cuyos antecedentes incluyen haber sido cofundador del operador Nextel, luego adquirido por Sprint) ha declarado que “cada mes en el que Estados Unidos no hace nada, Huawei lo aprovecha para seguir siendo el más barato, más rápido y más ubicuo proveedor global de 5G, mientras Occidente pierde cuota de mercado y de empleo”. Otro senador demócrata, Bob Menéndez, ha aportado su ángulo político: “mientras la administración Trump pretendía dar lecciones al mundo acerca de los peligros de confiar 5G a un fabricante chino, no hacía nada para propiciar el desarrollo de alternativas fiables”.

Moraleja posible en espera del 20 de enero: si alguien espera que el triunfo de Joe Biden en las elecciones de noviembre suavice las relaciones con China, puede que al final tenga razón porque ciertamente la situación actual es insostenible. Lo que no está nada claro es que Biden y su partido estén dispuestos a abrir los brazos a Huawei como prenda de esa distensión. Hasta mañana,

Norberto


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