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  15/04/2013

El lobby de Google sabe pactar

Los encuentros, tanto públicos como discretos, de Eric Schmidt en Bruselas, han sido más fructíferos que su incomprensible visita de ´buena voluntad` a Pyongyang. Este fin de semana, el Financial Times adelantaba los detalles de un acuerdo en ciernes entre Google y la Comisión Europea, que remonta a una reunión del 2011 en la que Schmidt – entonces CEO, hoy chairman de la compañía – supo convencer al comisario Joaquín Almunia para que, en vez de iniciar un procedimiento de “declaración de objeciones”, se le diera tiempo a presentar propuestas voluntarias de corrección en ciertas prácticas del buscador, denunciadas por relegar a sus competidores a la zona irrelevante del ranking.

Eric Schmidt

Eric Schmidt

La calidad y precisión de los detalles publicados los hacen verosímiles, y el acuerdo podría oficializarse esta semana. Introducen una novedad que marca un precedente: ¡Google ha hecho concesiones!, lo que no es natural en la mentalidad de quienes dirigen la compañía. En enero, logró escapar sin un rasguño del procedimiento iniciado por la Federal Trade Commission de Estados Unidos. Pese a esa diferencia de tratamiento, si Almunia avala las concesiones de Google, las compañías europeas que han litigado en el caso – Foundem, Ciao, eJustice.fr, Streetmap, Tweenga, Visual Meta, Hot Maps Medien y EuroCities – iniciado en febrero del 2010, se van a decepcionar, aunque ya lo temían. A mediados de marzo, cuando ya circulaban rumores sobre un arreglo, el grupo escribió a Almunia para insistir en que no se dejara seducir por las tácticas de Google.

Según lo trascendido, Google ha accedido a poner algunas cosas más fáciles a sus competidores, a cambio de evitarse una eventual sanción. Si la salida del litigio en Europa hubiera sido negativa, quedaba la posibilidad de que en Estados Unidos se replantearan la debilidad que la FTC ha mostrado en un conflicto parecido. Expedia y TripAdvisor, dos firmas estadounidenses, han participado en el contencioso europeo.

La posición oficial de la CE, en palabras de Almunia, ha sido que “para evitar que haya abuso de posición dominante, es necesario garantizar que los usuarios de un motor de búsqueda tengan opciones, y que los resultados tengan la mayor calidad posible”. Ambiguo, pero dentro de lo que se espera de una autoridad reguladora de la competencia . En cambio, cuando se anunció en enero la decisión de la FTC, su presidente, Jon Leibowitz, afirmó que la función de su organismo es proteger a los consumidores, no a los competidores, y que la investigación habría demostrado que la preferencia de los productos de Google en los resultados “mejora la experiencia de usuario” y no bloquea a los competidores para adoptar técnicas similares.

Por comparación, puede decirse que la CE ha confirmado la reputación de intervencionista que le atribuyen los ideólogos de Internet en Estados Unidos, para quienes los reguladores no deberían interferir en las prácticas corporativas que generan innovación. Leibowitz dice haber encontrado una tercera vía, pero en la práctica ha aplicado el laissez faire.

¿Cuáles son, según el diario británico, las concesiones voluntarias presentadas por Google? Durante el larguìsimo trámite del expediente, los servicios de la CE habían encontrado algo que cualquier usuario constata en minutos: que Google puede ´potencialmente` desviar tráfico a sus propios servicios verticales en detrimento de la información debida a los consumidores y en perjuicio de otros proveedores especializados. Lo que Google promete ahora es presentar los enlaces a estos competidores con la misma o mejor relevancia que los suyos.

Para ello, se definen tres categorías, que distinguen entre los servicios con los que Google gana dinero y los que tienen carácter gratuito. Por ejemplo, en las búsquedas de restaurantes, que normalmente derivan la recomendación a su guía online Zagat, se compromete a etiquetarlos como apéndices del buscador, y a acompañarlos de al menos tres enlaces a sendos sitios alternativos, seleccionados por un procedimiento similar al de las búsquedas generales. Algún suspicaz diría que, según se haga el etiquetado, podría servir para destacar aún más los sitios propiedad de Google.

Otros sitios propios de Google, como Shopping, tendrán el tratamiento de espacios publicitarios: serán etiquetadas, separados de los resultados generales e incluirán enlaces con terceros, pero estos enlaces serán adjudicados por subasta en lugar de generarse por algoritmo. La tercera categoría abarca los sitios que no generan ingresos a Google, como las noticias y la información del tiempo, para los que se ofrece etiquetarlos y separarlos de los resultados genéricos. La duración del acuerdo será de tres años, y su cumplimiento será verificado por un comité independiente.

Otra cuestión delicada se refiere al uso de contenidos de terceros. Google propone tres soluciones: 1) que los titulares de derechos puedan ejercer el opt-out para no aparecer en los resultados de sus sitios especializados; 2) crear una herramienta para que puedan remover directamente ciertas partes de sus contenidos; y 3) llevar el opt-out al extremo de desaparecer de los resultados generales del buscador. Cuesta creer que estas fórmulas representen algún perjuicio para Google.

Si las cosas fueran como se han contado, la diplomacia de Eric Schmidt y sus lobbystas habrán conseguido para Google un triunfo muy trabajado, mientras que Microsoft – que, sin ser parte, ha respaldado a los anunciantes – ha salido escaldada del episodio. La diferencia de tratamiento es flagrante: Microsoft lleva una seguidilla de sanciones de la Comisión Europea, que normalmente han sido espoleadas por los agentes de Google.

Aparentemente cerrado este episodio, Google tiene ahora pendientes varios dosieres en Europa. Entre ellos, los cambios que ha introducido en su política de privacidad. Un bloque de seis autoridades nacionales responsables por la protección de datos – entre ellos la agencia española – se ha concertado para actuar conjuntamente al respecto. El punto más sensible es la negativa de Google a aislar los datos que este obtiene en uno de sus servicios y que, en el régimen actual, se combinan en un perfil integrado a disposición de los anunciantes: un usuario puede no querer que sus búsquedas, los correos enviados desde Gmail, los vídeos que ve en YouTube y su localización a través de Maps determinen qué anuncios le van a poner ante los ojos.

Esta sería, de todos modos, una cuestión venial. Al pasar de la jurisdicción comunitaria a la nacional, las multas máximas que podrían aplicar los reguladores serían de no más de unas decenas de miles de euros. La comisaria Viviane Reding, ha exhortado al parlamento europeo a reforzar las herramientas de las que dispone la CE para detener las violaciones a la privacidad, el otro gran frente de batalla en el que se verán envueltos los abogados de Google… y los de prácticamente todas las compañías de Internet.


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