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  22/06/2020

Carlos Canitrot

Director de Consultoría. Adjudicaciones TIC

Si acaso alguien quisiera buscar alguna virtud en la pandemia y no fuera un psicópata, tal vez podría encontrar ésta: la experiencia de teletrabajo de los funcionarios públicos ha funcionado razonablemente bien y casi sin interrupciones indeseables. Un indicador de continuidad en la prestación de servicios al ciudadano puede ser la inversión de las Administraciones en TIC. En el primer trimestre, a pesar de la suspensión en marzo de los procedimientos ordinarios de contratación las compras públicas de TIC alcanzaron los 518 millones de euros, un 4,4% de aumento interanual. En cierta medida, se transparentan algunas nuevas prioridades que van a marcar el resto del año y más allá.

Carlos Canitrot

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El analista Carlos Canitrot, director de consultoría de Adjudicaciones TIC, lleva 14 años recopilando información sobre este mercado. Confiesa que nunca ha visto un período más extraño, pero añade que en perspectiva cree que la inversión de las AAPP en TIC serán un factor de la recuperación económica.

En la conversación a distancia con el autor de este blog, Canitrot desglosó las tendencias que revelan el barómetro 2019 y el provisional del primer trimestre de 2020 de Adjudicaciones TIC. Las cifras, desglosadas por comunidades autónomas, se condensan en la siguiente tabla.

De cara al corriente año, fatalmente condicionado por los estragos del coronavirus, Canitrot cree discernir dos grandes líneas en las compras públicas. Una será la pronta reanudación de la contratación ordinaria interrumpida. Otra, un plan sistemático de dotación de infraestructuras para prolongar la experiencia de teletrabajo que ha permitido a gran parte de las plantillas pasar en pocas horas a prestar servicio desde sus hogares, “un desafío que yo nunca hubiera creído posible superar como efectivamente ha ocurrido”. Que la campaña de la Renta haya podido desarrollarse sin abrir las oficinas de la AEAT ha sido una proeza mayúscula que habla por sí misma.

El teletrabajo ha venido para instalarse, al menos parcialmente, en la cultura de las AAPP y su personal. Para ello será necesario modificar la regulación del modelo laboral de la función pública, que habrá de negociarse con la  representación sindical. Entre otras cosas, habrá que abordar el equipamiento doméstico de los funcionarios (y de los docentes) con ordenadores portátiles y sus accesorios, dotarlos de software de certificación digital, de mensajería y videoconferencia, todo ello con imprescindibles  medidas de ciberseguridad. No bastará con compartir el wifi con la familia.

Todo ello debería acompasarse – avanza el entrevistado – con prestaciones adicionales de servicios de integración y de mantenimiento. El autor se atreve a afirmar que las compañías suministradoras ya estarán soñando que el sector público español pasará pronto a ser su primer cliente, en compensación con la contracción previsible de las empresas privadas.

Antes de que se nos presentara el coronavirus, 2019 no fue un mal año para las compras públicas de tecnología. A pesar de la anomalía de unos presupuestos prorrogados […]

Déjeme aclarar algo. Que no haya presupuestos debidamente aprobados no significa que no haya inversiones. En muchos casos forman parte de programas plurianuales que se siguen ejecutando, e incluso se invierte en ciertas partidas sin necesidad de presupuesto nuevo. Efectivamente, 2019 fue un año anómalo por distintas razones: la incertidumbre sobre cómo iba a acabar el Brexit, por ejemplo. También es verdad que no fue un año homogéneo: empezó mal, se recuperó gradualmente y al final tuvimos un cuarto trimestre espectacular, que se manifiesta en ese resultado final de 3.375 millones de euros, de los que 1.023 correspondieron al período que va de octubre a diciembre.

Ya estamos casi a mediados de 2020 y con una situación muy diferente, pero otra vez con presupuestos prorrogados. ¿Qué ha cambiado y qué se puede esperar del segundo semestre?

La prórroga de los presupuestos hace que de las inversiones previstas se ejecutan aquellas que vienen de proyectos iniciados en años anteriores. Lo que, además, no quita que haya movimientos de partidas, que es lo que estamos viendo en 2020 en razón de la pandemia. Al final, puede ocurrir que se gaste en conceptos no previstos y que ciertas inversiones o gastos no se produzcan. Nuestro barómetro del primer trimestre es significativo. La inversión en TIC ha crecido un 4,4% respecto de la del primer trimestre de 2019, alcanzando algo más de 518 millones de euros, con un reparto distinto: la AGE vuelve a liderar el ranking, pero la tabla de CCAA cambia y se observa un subidón en las Administraciones Locales […]

¿Cuáles son las métricas más significativas para sacar conclusiones?

Creemos que la mejor es el nivel de inversión al cabo de un año. Porque, en Cataluña por ejemplo, 2019 ha sido excepcional y a su lado el primer trimestre de 2020 puede parecer escaso. Pero es que tocaba una gran inversión del CTTI que se produce cada cinco o seis años para renovar los contratos de mantenimiento de las aplicaciones que usa la Generalitat: fueron casi 320 millones en 20 lotes. Lógicamente, esto ocurre cada cierto tiempo y en el momento que ocurre lo reflejamos. Es un buen indicador de la salud del sistema de compras públicas, en le medida que la industria lo considera como un refugio.

¿Un sector donde la industria puede refugiarse en casos de contracción de la inversión corporativa?

Así ha sido siempre. No olvidemos que el sector público destina dinero a las TIC, unas veces más y otras menos, pero con una constancia que el sector privado no tiene porque depende de otros factores. Si las tomáramos como una empresa única, las AAPP gastan más que la empresa privada que más gaste en TIC individualmente. Y cuando el sector privado pasa por una crisis, las AAPP siempre estarán invirtiendo en mayor o menor medida.

Vuelvo a fijarme en la cifra de Cataluña […] Los 633 millones invertidos en 2019 representaron el 43% de todo lo invertido por las CCAA y el 18,8% del total de las AAPP.

De esos millones, la mayor parte correspondió a una licitación del CTTI [Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat]. Creo que fueron 20 lotes, cada uno de los cuales relativo a una aplicación que había que mantener. Individualmente, ha sido el mayor contrato en toda España, casi el doble del siguiente. Sin ese volumen, 2020 debería ser un año normal para esta comunidad, si aceptamos como normal que la inversión tendrá que recomponerse en los próximos meses.

Ahora mismo, lo normal es mirar los datos sobre TIC en Sanidad […]

Relativicemos. Históricamente, las tres competencias transferidas a las CCAA (Sanidad, Educación y Justicia) son las que más inversión generan. Y Sanidad ha estado todos los años primera o, excepcionalmente, segunda en la tabla. Es lógico que ahora esté primera, pero en Educación también  se han dedicado recursos justificados por la excepcionalidad de la Covid-19. No olvide que desde mediados de marzo se ha paralizado la contratación ordinaria y todas las compras que se están haciendo por procedimiento de emergencia tienen que fundamentarse en razón de la Covid-19. Hay una parte importante, que no es de Sanidad, destinada a comprar tecnologías para que los funcionarios puedan trabajar desde casa. Educación ha hecho un esfuerzo importante, que va a prolongarse, mientras que Justicia, que normalmente va más lenta, tiene pendientes proyectos interesantes que van a relanzar su digitalización […]

Desde que tengo relación con este sector se habla de las diferencias entre los órganos con funciones recaudatorias, más ágiles a la hora de disponer de los recursos que generan, y los otros que son de puro gasto, obligados a rascarse los bolsillos. Como consultor, ¿considera que los procedimientos que establece la ley de compras públicas son lo bastante ágiles?

Es preciso distinguir el procedimiento de urgencia del procedimiento de emergencia. Lo que se está manejando en estos momentos es el segundo, que está prevista para tres supuestos: catástrofe, grave peligro inminente y un suceso extraordinario que afecte la seguridad nacional. Este es el que se está usando actualmente. Lo que permite es dar un paso adelante en la inmediatez de la contratación, acortando los plazos para responder a esos supuestos. Próximamente, el gobierno tendrá que levantar la suspensión en la tramitación de nuevos contratos.

Completamente paralizados, ¿hasta cuándo?

Completamente: muchos se han parado en mitad de la adjudicación o, incluso habiendo sido adjudicados, se ha detenido su tramitación final. Es necesario reactivarla, obviamente. Naturalmente, hay quienes reclaman que se reabra el ciclo cuanto antes.

¿Cuál es el peso económico de esta contratación?

La contratación pública como un todo oscila entre el 15% y el 20% del PIB. Unos 180.000 millones de euros, de los cuales entre 3.500 y 4.000 millones suelen corresponder a las TIC.

No me ha respondido sobre el supuesto prejuicio acerca de la diferencia entre organismos […]

No es un prejuicio, es una verdad objetiva. La Gerencia Informática de la Seguridad Social es uno de los que más invierte; si no recuerdo mal, unos 121 millones en 2019, con lo que se coloca en tercer lugar, con la precisión de que los dos que la anteceden lo deben a contratos plurianuales.

¿A qué obedece la contratación plurianual?

Ha existido siempre, se justifican porque se trata básicamente de contratos de mantenimiento. No se puede estar cambiando todos los años de proveedor o sacarlos a concurso anualmente. Además, el proceso de contratación abierta suele llevar unos diez meses, así que tiene mucha lógica darles continuidad.

¿Y si en lugar del primer trimestre tomamos el primer cuatrimestre? La  declaración del estado de alarma fue a mediados de marzo […]

Estadísticamente, habría un descenso importante, más aún si se tiene en cuenta que el concurso del CTTI catalán fue en abril de 2019. Así, lo digo de memoria, la inversión entre enero y abril bajaría de unos 1.100 millones a 636 millones, un 42%. Pero si detraemos ese gran contrato, pasaría de 739 a 636 millones, un 16% menos.

¿Ha crecido el peso relativo de los servicios?

En catorce años, nunca he visto que los servicios bajaran de 1.000 millones de euros anuales. Han sido y son los líderes de las tres categorías clásicas. Es lógico que mantener el equipamiento de las AAPP tenga más peso que la compra de hardware o de software.

A propósito de las telecomunicaciones: tradicionalmente se ha dicho  que Telefónica se llevaba por sistema la parte del león, presuntamente una herencia de los tiempos del monopolio. ¿En qué medida esa percepción se ha quedado antigua?

Las comunicaciones representaron en 2019 un 19,3% de la inversión total de las AAPP en TIC, o sea 651 millones de euros. Que Telefónica sigue siendo un proveedor fundamental es una evidencia. En nuestro ranking que llamamos de los ´siete magníficos` fue el primero con 380 millones, pero Vodafone se situó quinto con 104 millones y BT España fue el séptimo con 81 millones gracias a contratos que ganó en los últimos tres meses del año.

Queda por preguntar si observa indicios de que las AAPP se van inclinando por la adopción del cloud. ¿La  fórmula cabe en la legislación actual o es la legislación la que bloquea esta modalidad?

Empíricamente, diría que va subiendo. Más que de cloud en el sentido de infraestructura como servicio, que es problemática porque, entre otras razones, dependería de la localización del centro de dato. En todo caso, habría que discutir si un contrato puede pasarse del capítulo 6 al capítulo 2; en el primer caso es una inversión, en el segundo un gasto. Mientras no esté claro, la realidad es que las AAPP se van abriendo a la práctica del pago por uso: un ejemplo perfecto son los trabajos de impresión, que se hacen en régimen de pago por página. Gradualmente, este será el camino.


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