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  27/09/2019

Google entra en el túnel de la regulación

Hasta hace muy poco, era opinión corriente en Estados Unidos considerar a Google como víctima de un exceso de celo europeo, cuando no de  persecución deliberada, encarnada en la comisaria Margrethe Vestager, que en pocos años ha tramitado sucesivamente tres cuantiosas sanciones económicas. De pronto el viento regulador ha cruzado el Atlántico y los ánimos se han calentado hacia el enorme poder que ejercen sobre el mercado un puñado de empresas que allá se conocen como Big Tech. Aunque los modelos de negocio difieren, estas tienen en común un dominio aplastante en ciertos segmentos del mercado tecnológico. Queda por dilucidar una cuestión clave: ¿ese dominio viola la legislación antitrust.

Actuando a remolque de las decisiones de la Comisión Europea, los fiscales generales de 48 estados (sólo California y Alabama se han quedado al margen de participar) han anunciado que investigarán colectivamente si Google – eventualmente también Apple, Facebook y Amazon – incurre en prácticas monopolistas. Llama la atención que en la misma línea trabajan el departamento de Justicia y un comité de la Cámara de Representantes.

Todo apunta que Google – el holding Alphabet, en realidad – será sólo la primera en ser auscultada. La investigación se centrará, dijo el fiscal del estado de Texas, actuando como portavoz de sus colegas. En las últimas dos décadas, la compañía ha construido una compleja red de servicios para acoger la comercialización de una buena parte de los anuncios que aparecen en Internet. Se estima que este año Google copará el 37,2% de la publicidad online en Estados Unidos, seguida de Facebook con el 22,1%. Es decir que entre las dos copan seis de cada diez dólares de facturación por ese concepto. O el 20% del total de los ingresos publicitarios tanto online como offline.

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Algunas voces críticas sitúan el punto de inflexión en 2007, cuando Google adquirió la compañía DoubleClick; a partir de ella, la compañía orquestó su adserver y su consiguiente modelo de gestión de los anuncios. Los investigadores querrán saber si la política de Google obliga a las empresas interesadas en anunciarse en sus plataformas a pasar por la ventanilla de sus servicios. No es ocioso recordar que la Comisión Europea ha multado este año al gigante de Mountain View con 1.500 millones de euros por haber impuesto cláusulas de exclusividad en los contratos con los anunciantes.

También se fijarán, cómo no, en el  buscador, centro neurálgico de los servicios de la compañía. En sus inicios, Google remitía al usuario a otras páginas web para encontrar respuestas. Ahora mismo, la mayoría de las búsquedas en Google enlazan con Maps, Flights o el propio buscador que actúa como pieza maestra del direccionamiento de tráfico. La cuota de mercado de Google es, por tanto, inapelable: domina más del 90% de las búsquedas. Las empresas anunciantes suelen quejarse del uso abusivo de esa ventaja para favorecer a sus propios verticales, como el sitio de búsqueda de empleo. Un campo bajo la lupa será la “optimización” de respuestas relativas a reservas de hoteles y vuelos; casualmente (o no), en 2017 Vestager multó a la compañía con 2.400 millones de euros por posición dominante en favor de su portal Shopping.

A ello sumaría la CE otra multa, por 4.300 millones de euros en 2018, por abuso de posición dominante en Android. El sistema operativo también será objeto de la curiosidad de los investigadores estadounidenses, lo que tiene sentido porque está presente en tres de cada cuatro smartphones en uso y, pese a la condición de gratuito, Google presiona para que se instalen sus aplicaciones, desalentando de hecho las de terceras partes. Como colofón al listado, los investigadores no pasarán por alto la gestión de la privacidad: cómo comparte Google los datos de los usuarios con otras empresas y cómo rastrea su comportamiento a través del navegador Chrome.

Lo cierto es que la Federal Trade Commission (FTC) ya investigó a Google por presuntas prácticas monopólicas en su motor de búsqueda. Fue en 2013 y se concluyó que no violaba las leyes vigentes. Hay que recordar que en Estados Unidos la regulación de los monopolios se rige por la Sherman  Antitrust Act  de 1890, cuando germinaban las corporaciones de ferrocarril y petróleo, y por la Clayton Act de 1914, año de creación de la FTC. En resumen, está prohibido toda fórmula contractual que restrinja el libre comercio.

Esa misma legislación sigue vigente sin adaptaciones de su texto a las realidades actuales. En esta ocasión, hay una complicación adicional por las tres investigaciones en marcha: dos federales (departamento de Justicia y comité del Congreso) y las diligencias que acaban de abrir los 48 fiscales generales. La clave del asunto está en que estas pesquisas logran sumar apoyos para iniciar una revisión legislativa que responda a la era digital. Tampoco sería descabellado pensar en la creación de una agencia regulatoria específica para las Big Tech. De hecho, el pasado febrero, la FTC anunció la creación de un grupo de trabajo compuesto por 17 miembros cuya función será monitorizar la situación de la competencia en los mercados tecnológicos.

Estos movimientos forman parte de una tendencia general. La FTC se ha propuesto investigar a Amazon por favorecer a sus productos propios frente a los de terceros, así como a Facebook por sus compras defensivas en serie. El departamento de Justicia se ocupará de analizar si Apple abusa de su control sobre la AppStore para favorecer las aplicaciones propias.

En cuanto a la iniciativa de los fiscales generales, llama la atención su cuasi unanimidad, que abarca tanto a gobiernos republicanos como demócratas. Sólo California y Alabama se han negado a entrar en acción, en lo que algunos creen ver una proyección de complicidades en la financiación de campañas electorales.

También el sector privado aprovecha para vengar agravios.  Compañías como Booking o Tripadvisor afilan sus argumentos, expresados antes, sobre el perjuicio que les causan las prioridades del buscador de Google. Lo mismo pasa con Yelp pero en relación con Maps. A estos nombres muy conocidos se sumarían otras empresas dispuestas a comparecer ante la FTC como testigos contra Google.

Un sector especialmente sensible son los medios de comunicación. Entre el 2000 y el 2017, los ingresos publicitarios de la prensa estadounidense cayeron de 45.000 millones de dólares a 16.000 millones, mientras los generados por anuncios en Google saltaban de 9.000 millones a 52.000 millones. News Corporation (grupo Murdoch) y la News Media Alliance que representa a más de 2.000 publicaciones, plantean que la compañía se beneficia de sus contenidos ofreciéndolo gratuitamente en su sección de noticias [argumento similar al planteado, con diferente fortuna, en los países europeos] pero que los medios no pueden negarse ni negociar las condiciones al ser imposible la negociación en bloque, precisamente por las leyes antimonopolio. Que las acusaciones sean estimadas como abuso de poder está por verse.

Se ha traído a colación el caso histórico de referencia en la materia, el de Microsoft. La acusación federal acerca del presunto abuso de poder para favorecer el vínculo entre Internet Explorer y Windows se alargó durante nueve años desde 1999. Fue en su momento un récord que 20 fiscales se congregaran para las diligencias. En opinión de Bill Gates, el proceso fue pernicioso para la compañía porque la distrajo de tomar posición en los sistemas operativos móviles. Con ese precedente, se baraja que el proceso contra Google será largo y penoso; su defensa se basa en dos argumentos que simplificados vienen a decir: a) el uso generalizado de sus herramientas no es el fruto de un monopolio sino de que son útiles para los usuarios, y b) la empresa es uno de los mayores inversores en I+D del país, posición que debería revisar si se le ponen cortapisas.

El debate está servido, en un ambiente políticamente viciado. Existe hoy una creciente inquietud pública – hasta hace poco marginal – por el peso e influencia que han ganado los gigantes tecnológicos, y esto alimenta las investigaciones. En el caso específico de Google, la preocupación gira en torno a evidencias de que los usuarios están atrapados en su ´ecosistema`, lo que hace aún más difícil a las pequeñas empresas competir.

Desde luego, las investigaciones durarán años, pero no parece que sea fácil para Google salir indemne de esta confrontación. Se especula en los medios estadounidenses sobre la posibilidad de que los fiscales lleguen a una conclusión que se enuncia ya en la precampaña electoral: separar algunas partes del grupo – como el buscador o YouTube – algo que podrá ocurrir o no, pero que sin duda obligará a cambiar la forma en que Google explota su tecnología. ¿Cuándo? Eso ya es harina de otro costal.

[informe de Pablo G. Bejerano]


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