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  9/12/2016

9Dic

¿Han notado que se publican menos noticias sobre conflictos en torno a la regulación de las telecomunicaciones? Una multa al operador aquí, una colleja a su competidor allá, poco más. Como si nos hubiéramos saciado con el embrollo del roaming, que ya es difícil saber en qué estado se encuentra. Pero hay conflictos, claro que los hay, algunos de profundidad. Como prueba, el reciente consejo de ministros europeos, marcado por la controversia ante la propuesta del comisario Gunther Oettinger de reconvertir el BEREC, órgano colectivo de coordinación entre reguladores nacionales, en una agencia única tutelada por la Comisión. No es un buen momento para irritar las soberanías nacionales, pero es de lo mejor que se le ha ocurrido al comisario alemán.

Tanto el BEREC como los 28 reguladores miembros ya habían expresado su oposición al proyecto, pero la última noticia es que la mayoría de los ministros del ramo, reunidos el 2 de diciembre, comparte sus objeciones contra lo que ven como una innecesaria centralización. Con discusiones bizantinas como esta, no es de extrañar que Europa pierda peso en el mercado global, que los operadores retraigan sus inversiones y que las OTT campen a sus anchas.

No es la primera vez que el BEREC se enfrenta a la CE por este asunto. Su creación en 2009 fue, de hecho, una concesión ante las críticas a un proyecto de agencia única, supuestamente calcada sobre el modelo de la ACER, que regula el sector energético. El leit motiv es el mismo: ¿quién tendría la última palabra en la materia?, ¿Bruselas o los reguladores nacionales? En esta ocasión, Oettinger ha empezado por mostrar la zanahoria y esconder el palo: propone aumentar la dotación presupuestaria con la que apoya al BEREC de 4,2 a 7,5 millones de euros anuales y ampliar de 22 a 60 el número de sus empleados. Se sospecha que el siguiente paso sería trasladar la sede de Riga a Bruselas e instaurar una reunión mensual de reguladores en la capital europea. De paso, la CE tendría facultad para nombrar al director general y dos miembros del comité ejecutivo.

Oettinger, ex protegido de Angela Merkel y reputado bocazas [la ha liado hace poco con alusiones racistas], sugirió que los reguladores deberían ejercer sus competencias “al margen de las influencias económicas y políticas” (sic). Poco después, un miembro de su equipo sopló a un periodista el subtexto de la frase: “el único interés que los mueve [a los reguladores] es el mantenimiento del status quo“.

La reacción ministerial al proyecto ha sido negativa: ni hablar de una agencia única que daría más poder a la Comisión y el poder de vetar las decisiones de los reguladores nacionales. España y Portugal, por cierto, defendieron “el actual equilibrio institucional, cuya eficacia está demostrada”.

Claude, mi fuente en Bruselas, relata que los ministros elogiaron unánimemente “la calidad” del proyecto de reforma presentado por la CE en septiembre, pero la verdad verdadera es que en cuanto al orden del día hubo más discrepancias que acuerdos. La delegación española – se estrenaba el nuevo equipo ministerial – echó mano del tópico que defiende las reglas de competencia como protección a los consumidores [obviando el hecho de que, a diferencia de la CNMC, esa materia tiene en Bruselas otro canal y otra responsable].

La delicada cuestión del espectro sigue provocando divergencias: los ministros son tradicionalmente reacios a alinear sus políticas de asignación de frecuencias. Encabezados por Alemania, Bélgica y Finlandia, dicen no ver qué mejoras añadiría su unificación a escala europea. Algunos insistieron en que la gestión del espectro es una cuestión de seguridad en las relaciones con los vecinos: es lo que dijeron Grecia, Polonia y los países bálticos. Malta, que tiene problemas constantes de interferencia con Italia, invitó a la concordia [normal, ya que le toca presidir la UE durante la primera mitad de 2017].

Oettinger no estaba de ánimo para conciliar. “Si ustedes están satisfechos con el sistema actual, después no se quejen si Europa tarda diez años en su reconversión a 5G; si tienen dudas, pregunten a Nokia o Ericsson lo que piensan”, dijo enfadado.

Hasta aquí, la anécdota. ¿Cuál es el problema de fondo? La fragmentación. La regulación de las telecomunicaciones, y por extensión la vigilancia de la competencia, no consigue adaptarse a la evolución de la tecnología. Mientras se discute en esos términos, WhatsApp y Skype han contribuido decisivamente a que el valor de los operadores europeos perdiera un 20% o más en los últimos años. Pero los reguladores insisten en acentuar reglas que trastornan el cash flow del sector y, en consecuencia, la capacidad de invertir y de competir con unas OTT a las que nadie regula.

Deliberadamente dejo para otro día el recurrente asunto de la neutralidad de las redes, al que el debate europeo no puede ser ajeno. Sólo diré que es probable que la doctrina oficial en la materia se vea alterada por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y el previsible cambio de composición en la FCC. Hace tres años, cuando Tom Wheeler fue designado para presidir la Comisión Federal de Comunicaciones, el New York Times lo definía como an industry man [por su pasado como lobbista de empresas de cable] pero ha resultado que salió rana: sus supuestos padrinos se quejan ahora de que se ha comportado como un agente del Silicon Valley.

Algunas de las decisiones que Wheeler ha forzado en el organismo, a veces ganadas por 3-2, – que el BEREC ha copiado en sus recomendaciones para Europa – podrían ser revisadas el año entrante. Pero esta es otra historia.


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