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  7/05/2021

Las AAPP, eslabón débil de la digitalización

Las administraciones públicas suspenden la asignatura conocida como ´transformación digital` y, aunque siguen recurriendo a la externalización, se fían menos de las multinacionales del sector TI, para apoyarse preferentemente en proveedores locales y, sobre todo, en los operadores de telecomunicaciones. Este es uno de los hallazgos del estudio elaborado por el Observatorio Vodafone de la Empresa 2020 en el apartado que dedica a las AAPP españolas tras evaluar el impacto de la Covid-19 y la adopción del teletrabajo. Las diferencias con las empresas privadas son notables y, pese a los avances logrados, las dificultades vividas durante la pandemia han puesto en evidencia sus debilidades.

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Daniel Jiménez, director general de Vodafone Business España, lo resumió con elocuencia al presentar el estudio: “es comprensible que las AAPP se muevan contra el ciclo, porque su actividad no depende tanto de la marcha de la economía sino de la cantidad y calidad de los servicios que prestan a los ciudadanos”. En 2020 se dio una circunstancia excepcional: casi una cuarta parte del sector público vio incrementada su actividad – el caso más ejemplar fue la Seguridad Social, un 50% – pero casi una tercera parte tuvo que reducir sus procesos, en particular los ayuntamientos, con un descenso a la mitad de su actividad normal.

Ateniéndose a las 300 entrevistas realizadas el pasado mes de diciembre, los redactores del estudio apuntan que la pandemia se ha encargado de elevar la conciencia de los responsables de organismos públicos acerca de la relevancia de las TI. Tanto que un 67% de los entrevistados califica su implantación como “muy importante”, marginando al 7% llamativo por escaso, que les asigna poca o nula importancia. Hay que precisar que esta minoría escéptica parece concentrarse en ciertas comunidades autónomas que el documento no identifica.

En esta radiografía, un 84% de las AAPP ponen de relieve la influencia que la pandemia ha acelerado sus procesos de digitalización. En esta visión, diputaciones, cabildos y consejos muestran dos caras: un 50% dice que ha influido mucho y la otra mitad que poco. Algo parecido ocurre con los ayuntamientos de más de medio millón de habitantes: la mitad cree que la influencia ha sido “bastante” (sic), algo que niega la otra.

Las tendencias apuntadas confirman el último barómetro de la inversión de la AAPP, elaborado por la consultora Adjudicaciones TIC, según el cual en 2020 el sector público invirtió en este capítulo un 20% menos que en 2019, algo más de 2.700 millones de euros.

En líneas generales, las AAPP están más preocupadas que las empresas por la digitalización, con un 7,8 sobre 10 – aunque Jiménez no dejó de señalar una caída de tres décimas desde 2019. Sin embargo, los planes concretos de digitalización no son ni mucho menos la norma: sólo un 45% de los entrevistados dice uno, pero de inmediato se aclara que el 57% de ellos – es decir el 26% del total – dispone de un presupuesto específico para llevarlo adelante.

Cuando se trata de desplegar estrategias de digitalización, es habitual echar mano del modelo outsourcing: un 77% de los planes, cuando existen, son contratados a proveedores externos y el 23% restante confía en sus propias fuerzas. Es aquí donde, al analizar el perfil de los proveedores, aparece lo indicado en el primer párrafo: las grandes empresas de TI han perdido su estatus preferente en la relación con las AAPP: sólo un 25% de los organismos recurren a ellas, frente a una mayoría que dice apoyarse en empresas locales de informática. Al respecto, parece razonable deducir que este porcentaje expresa una mayor propensión de la administración local en favor de empresas de proximidad.

Lo curioso de este capítulo – que sin duda habrá sorprendido a Vodafone, patrocinador del estudio – es que en un 65% de los casos la preferencia se vuelva en favor de los operadores de telecomunicaciones. El desglose indica que la administración central se apoya mucho más (83%) en las telecos que en otros proveedores sean grandes o pequeños.

Organizativamente, el contraste entre las AAPP y las empresas privadas analizadas en otros capítulos: sólo en un 3% de los organismos consultados existe la figura de responsable de transformación digital y en un 16% esa función la detenta con carácter exclusivo el CTO o su equivalente en la nomenclatura administrativa. En el resto de la muestra, que no es pequeña, la responsabilidad se diluye entre cargos diversos.

El teletrabajo ha sido el epítome de la aparente voluntad de digitalización. Según el abundante caudal estadístico del estudio, el trabajo remoto se implantó en el 91% de los organismos consultados, mientras que antes de marzo de 2020 ni siquiera una quinta parte recurría a esta modalidad. Hay casos de éxito que han trascendido a la opinión pública, como el del ayuntamiento de Valencia pero el fenómeno se ha notado en todos los niveles de las administraciones. El gráfico siguiente refleja esa evolución

A juzgar por las respuestas recogidas, hay un evidente desacuerdo acerca de la continuidad del teletrabajo una vez pase la pandemia. Seis de cada diez organismos estiman que cuentan con recursos suficientes para poner en práctica el trabajo remoto. En palabras de Daniel Jiménez, “la mayor de mis sorpresas ha sido ver a las AAPP ponerse al nivel de las grandes empresas”: de media, un 55% espera mantener vigente el modelo que tuvo que adoptar en medio de la emergencia. Con una diferencia: en la administración autonómica, la media es del 82% frente al 32% de la central. El director general de Vodafone Business cree oportuno precisar que “no hemos preguntado a los empleados sino a los gestores, que por lo visto siguen apostando por las ventajas del teletrabajo”.

Durante la pandemia ha crecido un 6% la contratación de servicios en la nube pública. Si se desciende en la escala administrativa, las comunidades y los ayuntamientos de menos de 500.000 habitantes se caracterizan por liderar esta migración a la nube pública. Los grandes ayuntamientos se decantan por la nube privada, muy por delante de la Administración General del Estado.

A modo de inventario, el estudio destaca que el 87% de las instituciones recurren al menos a un servicio cloud. Encabeza la lista la facturación digital seguida del backup de datos. Llama poderosamente la atención – a menos que se trate de un error – que casi una quinta parte de la muestra de AAPP ni siquiera ha oído hablar de las herramientas colaborativas en la nube (Office 365 o G-Suite) o que el 29% que afirma conocerlas tampoco tiene interés en usarlas. De hecho, algo menos de la mitad de los organismos encuestados usan soluciones de este tipo.

A la cola en el ranking de interés por las nuevas tecnologías se encuentran la robotización de procesos, la inteligencia artificial e incluso el big data, que apenas es mencionado por el 11% de los entrevistados. Son conocidos por una tercera parte los chatbots para la atención de consultas ciudadanas, pero es muy alto (53%) el número de los que manifiesta no tener interés en su implantación. Mejor acomodo encuentran las tecnologías de IoT, citado por el 62% de los organismos, con dos usos principales: gestión de activos y control laboral.

Vodafone Business interpreta este interés desigual por ciertas innovaciones como un síntoma de escasa confianza en que su adopción sería aprobada por instancias superiores. Puede ser, pero cuando se analizan las barreras que pueden estar frenando la digitalización, figura a la cabeza (47%) la falta de formación tecnológica, ocupando el lugar que en 2019 tenían los costes de implantación como dificultad más común.

Al comentar este apartado, se felicitaba Daniel Jiménez de que “el gobierno quiera destinar una parte significativa de los fondos que espera recibir de la Unión Europea a aumentar el interés por la ciberseguridad”. En la presentación del estudio, Jiménez se apoyó en informes de origen europeo para lamentar que  “estando España en el Top 5 en capacidad y calidad de nuestras redes de telecomunicaciones, sorprende que baje a posiciones entre 15ª y 20ª en aspectos cruciales como la ciberseguridad, el conocimiento del cliente o incluso el e-commerce”.

Resulta casi increíble a estas alturas que un estudio de esta naturaleza venga a descubrir que para un 22% de las administraciones encuestadas, el acceso a Internet, una buena cobertura y la disponibilidad de fibra óptica son citadas como barreras que frenan la digitalización. Y, por cierto, esto no es opinión reservada a pequeños ayuntamientos, como podría suponerse.

Ahora bien, una pregunta de fondo sería ¿cuál es la principal motivación de las AAPP para abordar la digitalización? La respuesta sencilla es: la eficiencia de procesos y tareas. Lo inesperado es que sólo eligen esta opción el 38% de los entrevistados ¡en 2019 fueron el 50%! En la lista de factores le sigue la reducción del gasto en tiempo y dinero, palanca que en la administración central es considerada más importante que la eficiencia

Como es bien sabido, la Seguridad Social constituye un referente en esta materia. Vale la pena recordarlo aquí porque, entre los factores para acelerar la digitalización, descarta tanto la eficiencia como el ahorro, para privilegiar a partes iguales una mejor comunicación con los usuarios y la seguridad que estos puedan apreciar.

Queda una sorpresa final en este estudio con tanta información. En 2019, un 89% de las respuestas consideraba que las TI ayudaban en la mejora de las relaciones de los ciudadanos con las AAPP. Pues bien, en diciembre de 2020, tras la experiencia de la pandemia, el porcentaje ha caído doce puntos. Sería interesante averiguar por qué.

[informe de David Bollero]


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